En una carta a los miembros del Congreso, IBM dijo que está saliendo del negocio de reconocimiento facial a nivel general, y dijo, que se opone al uso de dicha tecnología para la vigilancia masiva y el perfil racial de la misma.
Por qué es importante: el software de reconocimiento facial es controvertido por varias razones, incluido el potencial de violaciones de los derechos humanos, así como la evidencia de que la tecnología es menos precisa para identificar a las personas de color.
«IBM ya no ofrece software de análisis o reconocimiento facial de IBM para su uso general», dijo el CEO Arvind Krishna en la carta. «IBM se opone firmemente y no tolerará el uso de ninguna tecnología, incluida la tecnología de reconocimiento facial ofrecida por otros proveedores, para la vigilancia masiva, el perfil racial, las violaciones de los derechos humanos y las libertades básicas, o cualquier propósito que no sea coherente con nuestros valores y Principios de Confianza y Transparencia «.
Un representante de IBM le dijo a Axios que las decisiones fueron tomadas durante un período de varios meses en comunicación con los clientes, aunque esta es la primera mención pública al respecto. IBM dijo que «ya no comercializará, venderá o actualizará estos productos», aunque dará soporte a los clientes existentes según sea necesario.
Que hay que vigilar: la carta también incluía las sugerencias de Krishna para la legislación sobre la reforma policial y el uso responsable de la tecnología. IBM dijo que la IA, por ejemplo, tiene un papel que desempeñar en la aplicación de la ley, pero debe ser examinada a fondo para asegurarse de que no contenga sesgos. La compañía también está pidiendo leyes federales más estrictas sobre mala conducta policial.
«El Congreso debería llevar más casos de mala conducta policial a la competencia del tribunal federal y debería hacer modificaciones a la doctrina de inmunidad, que impide que las personas reclamen cuando la policía viola sus derechos constitucionales», dijo Krishna.
«El Congreso también debería establecer un registro federal de mala conducta policial y adoptar medidas para alentar u obligar a los estados y localidades a revisar y actualizar las políticas de uso de la fuerza».